La inundación sufrida en la Comunidad Valenciana, atribuida a una DANA es la catástrofe atmosférica más trágica que se haya registrado en España en más de medio siglo, desde que, en octubre de 1973, murieran 300 personas por lluvias torrenciales que arrasaron varias localidades en Murcia y Andalucía.
Un centenar de personas han muerto y decenas continúan desaparecidas como consecuencia del temporal, más de mil personas están atrapadas en sus coches y prosiguen las labores de rescate. Muchos municipios están sin agua potable y unas 100.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico en la provincia de Valencia a consecuencia del temporal, se trata de un nueve por ciento de la población de la provincia. Incontables daños con carreteras cortadas y zonas aisladas por el agua, el barro y los corrimientos de tierra.
Una vez más, ha de ser una situación trágica la que active y provoque un intenso debate sobre la eficacia en la gestión de emergencias. La trágica pérdida de vidas y los daños materiales han generado condolencias y solidaridad desde diversos sectores, y al mismo tiempo, críticas hacia las políticas del gobierno autonómico liderado por el PP y apoyado por VOX. El desmantelamiento de la Unidad de Emergencias Valenciana (UEV) hace un año, bajo el argumento de ahorro presupuestario, se señala ahora como un factor que ha empeorado la respuesta ante catástrofes como la actual. La falta de equipos preparados y personal especializado ha retrasado rescates y aumentado los daños materiales y humanos, que podrían haberse reducido con una respuesta más coordinada. La eliminación de este servicio, fundamental en situaciones de emergencia, muestra las graves consecuencias de recortes y la privatización de los servicios públicos.
Comparaciones con gestiones pasadas en otras regiones, como las residencias en Madrid durante la pandemia, han avivado el debate sobre el impacto de estas políticas en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Con más tormentas previstas en el este y sur de España para esta semana, la preocupación sobre la vulnerabilidad de los grupos más desfavorecidos es cada vez mayor. Este caso ejemplifica la importancia de reforzar los servicios públicos, no sólo en el ámbito de emergencias, sino también en salud, educación y otros sectores esenciales, donde la privatización podría afectar la seguridad y calidad de vida las personas.
Desde En Comú Podem manifestamos nuestro profundo pesar por las víctimas mortales y expresamos nuestro cariño, apoyo y solidaridad hacia las familias y personas afectadas. Deseamos la pronta localización de las personas desaparecidas y enviamos un mensaje de enorme gratitud al personal voluntario, a los servicios de emergencias y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan por ayudar a las personas damnificadas siendo ejemplo, una vez más, de compromiso y dedicación.
Desde En Comú Podem exigimos que se articulen los recursos necesarios para paliar los daños a las personas y bienes materiales. Urge revisar estas políticas y priorizar la inversión en sistemas públicos fuertes y accesibles para todos y todas evitando que los recortes en áreas fundamentales dejen expuesta a la población en momentos críticos.
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