La dependencia sigue siendo uno de los grandes retos pendientes de nuestro sistema público de bienestar. Aunque la Ley de Dependencia nació en 2006 con el objetivo de garantizar apoyos y cuidados dignos para las personas que los necesitan, la realidad es que todavía hoy muchas familias continúan encontrándose con demasiadas dificultades para acceder a esos derechos en tiempo y forma.

Aquella ley representó un avance importante: reconocer que los cuidados no podían recaer únicamente sobre las familias y que debían asumirse también como una responsabilidad pública. Igual que defendemos la sanidad o la educación pública, también los cuidados deben formar parte de los derechos garantizados por las instituciones.

Sin embargo, casi veinte años después, la realidad es muy distinta. La Ley de Dependencia nació con financiación insuficiente y, con la crisis económica y los recortes posteriores, quedó todavía más debilitada. Se retrasaron medidas, se redujeron recursos y demasiadas personas se quedaron atrapadas en una situación injusta: tener un derecho reconocido, pero no recibir la ayuda cuando la necesitan.

Desde En Comú Podem hemos llevado al Pleno municipal una moción de apoyo a la reforma de la Ley de Dependencia porque este no es un debate lejano ni abstracto. Es una realidad que afecta cada día a vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

Lo vemos desde la gestión de la Gent Gran. Lo vemos en el Casal, en las conversaciones con personas mayores, en familias que explican que llevan meses esperando una valoración, en hijas e hijos que reorganizan su vida para cuidar, en personas que quieren seguir viviendo en su casa, pero necesitan apoyos, en servicios sociales, en los servicios de salud y en muchas situaciones cotidianas que no siempre salen en los titulares, pero que forman parte de la vida real de nuestra ciudad.

Cuando una valoración de dependencia tarda demasiado, no se retrasa solo un expediente. Se retrasa una ayuda en casa. Se retrasa una prestación. Se retrasa una adaptación necesaria. Se retrasa el descanso de una familia. Se retrasa la posibilidad de vivir con más autonomía y dignidad.

Los ayuntamientos acompañamos, orientamos y sostenemos dentro de nuestras posibilidades, pero hay competencias que no dependen directamente del municipio. Las valoraciones de dependencia dependen de la Generalitat, y cuando esos trámites se alargan, el impacto llega directamente a las familias, a los servicios municipales y a la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas.

Los datos son durísimos. Según el Observatorio Estatal de la Dependencia, a cierre de 2025 había 258.167 personas en lista de espera dentro del sistema de dependencia. El tiempo medio de espera es de 341 días: prácticamente un año. Y en 2025 murieron 32.704 personas esperando dentro del sistema, algunas sin tener reconocido todavía el grado y otras con el derecho reconocido, pero sin haber recibido aún la atención que necesitaban. Una media de 90 personas al día.

Detrás de cada cifra hay una persona. Una familia. Una situación de cansancio, sufrimiento, incertidumbre y muchas veces soledad.

También es evidente que hace falta una mayor inversión pública en cuidados. España sigue destinando menos recursos a la dependencia que otros países europeos. La inversión se sitúa sobre el 0,77% del PIB, mientras que la media europea está en torno al 1,6%, y algunos países europeos más avanzados se acercan al 4%. Por eso se plantea avanzar hacia una financiación del 2% del PIB en políticas de dependencia. Porque sin recursos suficientes no hay derecho real: hay espera, burocracia y familias sosteniendo solas lo que debería sostener el sistema público.

La reforma de la Ley de Dependencia que actualmente se está planteando incorpora mejoras positivas: reforzar la autonomía personal, eliminar incompatibilidades entre prestaciones, mejorar la ayuda a domicilio, reconocer la teleasistencia como derecho subjetivo, facilitar productos de apoyo, reforzar la asistencia personal y avanzar hacia un modelo de cuidados más comunitario, más cercano y más centrado en la persona.

Desde En Comú Podem apoyamos esta reforma, pero decimos también algo muy claro: no bastan buenas palabras ni buenas leyes si no van acompañadas de financiación suficiente. En dependencia no podemos permitirnos reformas a medias.

Además, hablar de dependencia también es hablar de igualdad. Cuando el sistema público no llega, quien cuida suele ser una mujer: una hija, una madre, una pareja, una hermana. Y en el ámbito profesional, las trabajadoras de los cuidados también son mayoritariamente mujeres, muchas veces con salarios bajos, jornadas parciales, sobrecarga física y escaso reconocimiento social.

Por eso esta reforma es también una cuestión feminista. Porque el derecho a los cuidados no puede sostenerse sobre la renuncia, el agotamiento y la precariedad de las mujeres.

La idea de fondo es sencilla: cuidar no puede depender del bolsillo de cada familia, del código postal donde se viva o de la capacidad de aguante de las mujeres cuidadoras. Cuidar tiene que ser una responsabilidad pública, colectiva y bien financiada.

Por eso En Comú Podem estamos presentando mociones en los plenos. Para apoyar la reforma de la Ley de Dependencia, para exigir más financiación, para reducir listas de espera, para reforzar los servicios públicos y comunitarios, para apoyar a las familias cuidadoras y para dignificar las condiciones laborales de quienes cuidan.

Porque una ciudad que cuida no puede mirar hacia otro lado. Porque desde Sant Andreu de la Barca también tenemos que levantar la voz cuando una ley que afecta directamente a la vida de nuestros vecinos y vecinas necesita recursos, voluntad política y valentía.

La dependencia no puede seguir siendo una carrera de obstáculos. Tiene que ser un derecho garantizado y una prioridad colectiva.