Los presupuestos de 2027 parten de una situación excepcional. El ayuntamiento debe hacer frente a una obligación económica de más de tres millones de euros vinculada al Sector 21 y al centro comercial Atrium. Su origen está en decisiones urbanísticas y procedimientos iniciados hace más de dos décadas, una situación que el actual gobierno municipal ha heredado.

En Comú Podem tiene claro que esa deuda no puede acabar pagándola la ciudadanía con peores servicios públicos. El reto ha sido encontrar la manera de asumir una obligación económica de esta magnitud y, al mismo tiempo, garantizar el funcionamiento del ayuntamiento y mantener los compromisos adquiridos con Sant Andreu de la Barca. Esa ha sido la prioridad para En Comú Podem en la elaboración de los presupuestos de 2027.

Las condiciones trasladadas por el Ministerio de Hacienda obligan a prever para 2027 alrededor de 630.000 euros vinculados a la sentencia: aproximadamente 280.000 euros anuales para devolver la financiación solicitada y unos 350.000 euros que deberán reservarse como fondo de contingencia. A esta cantidad se suma el primer pago de 700.000 euros que el ayuntamiento afronta con recursos propios. La necesidad financiera comunicada asciende a 3,12 millones de euros.

Es una carga muy importante para las cuentas municipales. Reduce el margen económico y obliga a establecer prioridades. Y En Comú Podem lo tiene claro: proteger los servicios públicos, las políticas sociales y todo aquello que hace posible y necesario el día a día de Sant Andreu de la Barca.

Por eso, el presupuesto mantiene los recursos necesarios para que sigan funcionando los servicios municipales, los equipamientos y las políticas sociales, culturales, deportivas y de atención a la ciudadanía. También debe hacer frente al aumento de los costes laborales, los suministros y los contratos, gastos imprescindibles para que la ciudad funcione cada día.

La situación también ha obligado a tomar una decisión difícil: durante 2027 se frenarán las nuevas inversiones municipales de carácter sustancial que todavía no cuentan con financiación comprometida. Es una decisión responsable ante una obligación económica extraordinaria, pero frenar nuevas inversiones no significa paralizar Sant Andreu. Las actuaciones que ya estaban presupuestadas y los compromisos adquiridos se mantienen. El ayuntamiento cumplirá lo que ya estaba comprometido y seguirá buscando subvenciones y financiación de otras administraciones para impulsar nuevos proyectos sin poner en riesgo el equilibrio económico municipal.

Estos no son los presupuestos que En Comú Podem habría podido plantear sin la sentencia. La realidad es la que es, y esconderla no serviría de nada. Son unas cuentas pensadas para afrontar una situación excepcional con responsabilidad y con una prioridad política muy clara: que las consecuencias económicas de decisiones del pasado no se traduzcan en recortes ni en un deterioro de los servicios que reciben las vecinas y vecinos de la ciudad.

Gobernar también significa hacerse cargo de los problemas heredados, dar la cara ante las dificultades y tomar decisiones pensando en el interés general. Significa ordenar las cuentas cuando los recursos son limitados, decidir qué debe protegerse por encima de todo y garantizar que el ayuntamiento pueda seguir prestando los servicios que necesita la ciudad.

Eso es lo que reflejan estos presupuestos: una gestión responsable de un impacto económico extraordinario, la defensa de los servicios públicos, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la protección de la estabilidad financiera de Sant Andreu de la Barca.

En Comú Podem seguirá defendiendo que las dificultades económicas nunca pueden ser una excusa para dejar atrás a la ciudadanía. La prioridad es clara: proteger lo público y cuidar a las personas y a la ciudad.